Antonio pudo reclamar un despido improcedente y defender sus derechos con la ayuda de onLygal.
Antonio trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de servicios industriales. Su jornada era de ocho horas diarias y sus funciones incluían revisiones técnicas, reparaciones y asistencia en distintas instalaciones. Llevaba años desempeñando su trabajo con normalidad y nunca había tenido problemas con la empresa.
Sin embargo, a mediados de año empezó a notar algunos cambios. Cada semana recibía menos avisos de trabajo y sus jornadas eran cada vez más cortas. Pensó que se trataba de una reorganización temporal o de un descenso puntual de la actividad, por lo que decidió esperar antes de preocuparse.
La sorpresa llegó al revisar sus siguientes nóminas. Su salario también había disminuido, aunque nadie le había comunicado oficialmente una reducción de jornada ni le había presentado ningún documento para firmar. Fue entonces cuando empezó a preguntarse si la empresa podía modificar sus condiciones laborales de esa manera.
Por suerte, Antonio contaba con un seguro de defensa jurídica de onLygal, contratado tiempo atrás para disponer de asesoramiento legal siempre que lo necesitara.
«Nadie me explicó qué estaba pasando. Simplemente trabajaba menos horas y cobraba menos. Cuando vi las nóminas entendí que tenía que informarme antes de aceptar esa situación.»
Antonio decidió activar su seguro legal y consultar el caso con un abogado especializado en derecho laboral.
Tras revisar la documentación, el equipo jurídico confirmó que la empresa no podía modificar unilateralmente su jornada sin seguir el procedimiento legal correspondiente y le explicó que disponía de un plazo para reclamar las cantidades que había dejado de percibir.
Con esta información, se preparó una reclamación por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y reclamación de diferencias salariales. Durante todo el proceso, Antonio recibió asesoramiento continuo y pudo resolver todas sus dudas, sintiéndose acompañado en cada paso.
La gestión fue rápida y permitió plantear una solución sin necesidad de prolongar innecesariamente el conflicto.
«Lo que más tranquilidad me dio fue saber que no tenía que enfrentarme solo a la empresa. Tener a un abogado detrás cambia completamente la situación.»
En menos de seis meses, la empresa reconoció la reclamación y abonó 800 €, correspondientes a las diferencias salariales generadas durante el periodo en que Antonio trabajó con una jornada reducida sin la comunicación ni el acuerdo exigidos por la ley.
Además, el seguro cubrió 550 € en honorarios de abogado, evitando que Antonio tuviera que asumir gastos para defender un derecho que le correspondía.
Gracias al respaldo jurídico, pudo recuperar íntegramente su dinero y resolver el conflicto de forma ágil, con la tranquilidad de haber actuado con seguridad y conocimiento.

