Ley de alquiler turístico de Barcelona. ¿Pueden las comunidades de vecinos prohibir el alquiler vacacional?

La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha la ley de regulación del alquiler turístico que afecta a 140 municipios declarados como zona tensionada. A partir de ahora, las licencias de alquiler turístico en estos municipios se renovarán cada cinco años y por tanto estarán sujetas a revisiones periódicas. 

Por supuesto, la ciudad de Barcelona entra dentro de este tipo de núcleos urbanos. Como resultado, la ciudad se ha dividido en 4 zonas en función de la densidad de alquileres turísticos de la mismas. 

Actualmente solo se pueden conseguir licencias de alquiler turístico en la zona 3 aunque para ello debe darse de baja alguna vivienda de este estilo en las zonas 1,2 y 4. La zona 3 incluye zonas como Les Corts, Sarriá o La Sagrera y el número de viviendas de uso turístico en estos lugares queda limitado a 370.

¿Pueden las comunidades de vecinos prohibir las Viviendas de Uso Turístico? 

La respuesta es sí. Siempre y cuando ésta prohibición aparezca reflejada en los estatutos de la propia comunidad. Si este no es el caso, se debe aprobar la medida en asamblea. Ahí, la comunidad de vecinos debe someterla a votación. En el caso de Barcelona, se requiere un resultado favorable de 3/5 para sacar adelante la normativa que deberá ser inscrita después en el Registro de la Propiedad. Desde entonces, la prohibición pasará a ser parte de la regulación de la comunidad de vecinos. 

La medida aprobada por la comunidad no tendrá carácter retroactivo y solo se aplicará para nuevas aperturas de viviendas de uso turístico.  

Si la vivienda se vende o cambia de titular, la prohibición de uso turístico quedará vigente para el nuevo dueño, quien no podrá destinarla a uso turístico dada la regulación de la comunidad.  

Cómo modificar los estatutos de una comunidad de vecinos

Si le queremos dar una mayor fuerza a la prohibición de los alquileres turísticos en nuestra comunidad, podemos también cambiar los estatutos. Para ello hay que convocar una junta extraordinaria con todos los propietarios y comunicarles el orden del día, así como los puntos de los estatutos que van a ser cambiados.  

En este caso el proceso de modificación es más difícil ya que necesita de la unanimidad de la comunidad para hacer los cambios. Si lo conseguimos, los nuevos estatutos se deberán inscribir de nuevo en el Registro de la Propiedad. 

 Procedimiento para denunciar un alquiler turístico ilegal

Si, a pesar de las prohibiciones, en tu edificio existe un piso de alquiler turístico, podéis interponer una denuncia ante el ayuntamiento. Para ello es necesario que el propietario haya dejado un teléfono de contacto permanente, ya que por ley está obligado a hacerlo. Así la comunidad de vecinos puede ponerse en contacto con él para comunicarle la situación. 

Comprobar si el piso es ilegal es muy sencillo, basta con comprobar el número de licencia municipal o la dirección y verificarla en la web del ayuntamiento. Si la web del ayuntamiento no devuelve ningún dato, eso quiere decir que el piso de alquiler turístico es ilegal. 

El propio sitio web cuenta con un formulario para denunciar la situación en el que podremos aportar nuestros datos y la dirección en la que se halla el inmueble. Mediante esta acción, lo que estamos haciendo es notificar al Ayuntamiento de Barcelona la existencia de la vivienda para que los inspectores lo tengan en su conocimiento. 

Con este proceso, los inspectores del ente municipal podrán hacer las verificaciones necesarias y clausurar el apartamento si fuera necesario. 

Plazos para impugnar las actas de la comunidad de propietarios

El propietario afectado por la decisión de la comunidad de vecinos puede impugnar el acta de la junta. Por eso es muy importante seguir todos los pasos para asegurarnos de que la implementación de la prohibición del alquiler turístico es conforme a la ley.  

El dueño del inmueble dispone de un plazo de 3 meses para impugnar la decisión de la comunidad. En el caso de que la decisión sea contraria a la ley o los estatutos, el plazo se ampliará a un año. Durante todo este tiempo y hasta que el juez no tome una decisión las decisiones tomadas en la asamblea serán de plena aplicación. 

Los plazos empiezan a contar desde el momento en que la junta aprueba el acta. En el caso de que el propietario no haya acudido a la reunión, el tiempo comenzará a correr en el momento en que reciba la notificación. A partir de ahí correrá un plazo de 30 días para que el dueño del inmueble muestre su disconformidad.  

En conclusión, la implementación de la ley del alquiler turístico en Barcelona ha generado un impacto significativo en las comunidades de vecinos. Si bien ha proporcionado cierto grado de regulación y control sobre este tipo de alquiler, también ha suscitado debates y desafíos en términos de convivencia, seguridad y preservación del tejido social en las zonas afectadas.