La falta de conocimientos legales sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad española. Así lo pone de manifiesto el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, cuyas conclusiones han sido analizadas en el marco del I Foro de la Protección Jurídica junto a destacados expertos del ámbito jurídico.
En el encuentro participaron Pascual Ortuño, magistrado jubilado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Ignasi Vivés, abogado especializado en Derecho de Familia y Sucesiones; y Luis Cuervo, director general de onLygal.
Todos coincidieron en confirmar el bajo índice de conocimientos legales de la sociedad española, cuyo origen reside en una cuestión estructural y de falta de cultura en educación legal. “Siendo el ámbito del derecho muy complejo, incluso para quienes nos desenvolvemos en él, sería necesaria una materia específica que fuera impartida en las escuelas”, señaló Pascual Ortuño.
En este escenario, el desconocimiento legal de los ciudadanos y la falta de asesoramiento profesional y especializado llevan a que, ante un conflicto legal, prime la no actuación o la resolución informal, sobre la judicialización.
Toma de decisiones legales y consulta en fuentes informales
Aunque los españoles se otorgan una nota media de 5 en conocimientos legales, más de la mitad (54%) reconoce no confiar en ellos a la hora de tomar decisiones. A ello se suma que gran parte de la información se obtiene a través de fuentes informales, tales como el entorno cercano, lecturas, Internet o, más recientemente, la Inteligencia Artificial.
“Antes de acudir a fuentes profesionales, los ciudadanos recurren a canales más accesibles, pero no formales, lo que en muchos casos agrava los conflictos legales”, explicó Luis Cuervo.
Sobre el uso de la Inteligencia Artificial, Ignasi Vivés advirtió acerca de la necesidad de cautela: su uso generalizado no garantiza fiabilidad en cuestiones legales y puede derivar en errores o interpretaciones sesgadas.
Percepción del sistema judicial y barreras de acceso a la Justicia
El Barómetro también refleja una brecha entre la percepción del sistema judicial y su uso real. En este sentido, si bien la sociedad reconoce la utilidad del sistema judicial, el 41% no recurre a él por creer que dada su lentitud «no merece la pena», y solo lo hace cuando el beneficio percibido compensa el coste económico o emocional, el tiempo y la complejidad.
En este sentido, factores como el coste económico, la lentitud de los procesos o el desgaste emocional se erigen como principales barreras de acceso a la justicia, y hacen que muchos ciudadanos eviten acudir a ella.
El papel clave de la prevención y las soluciones de protección jurídica
Ante esta realidad, los expertos revelan la importancia de impulsar la educación legal, así como la labor preventiva que aporta el asesoramiento legal profesional especializado y las soluciones de protección jurídica disponibles hoy en el mercado.
“Es fundamental apostar por la prevención, la formación y el asesoramiento especializado para tomar las mejores decisiones ante cualquier conflicto legal. La prevención tiene un gran valor y juega menos papel del que debería. Democratizar el acceso a la información jurídica de la mano de profesionales especialistas beneficiaría al conjunto de la sociedad”, concluyó Luis Cuervo.
