¿Alguna vez has firmado un contrato con un banco, una compañía telefónica o una empresa de suministros sin poder negociar prácticamente ninguna de sus condiciones? En este tipo de contratos pueden aparecer determinadas condiciones que, en algunos casos, pueden considerarse cláusulas abusivas.

Estas cláusulas pueden generar un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y perjudicar al consumidor.

Qué son las cláusulas abusivas

Las cláusulas abusivas son condiciones incluidas en un contrato que pueden provocar un desequilibrio importante entre las partes en perjuicio del consumidor.

Dicho de forma sencilla, se trata de condiciones contractuales que colocan al consumidor en una situación desfavorable y que no han sido negociadas individualmente.

Este tipo de cláusulas suele encontrarse especialmente en contratos en los que las condiciones han sido redactadas previamente por la empresa y el consumidor únicamente puede aceptarlas o rechazarlas.

Dónde pueden aparecer las cláusulas abusivas

Las cláusulas abusivas pueden aparecer en diferentes tipos de contratos de consumo.

Son especialmente habituales en contratos relacionados con:

• Productos y servicios bancarios.
• Telefonía e Internet.
• Suministros de electricidad, agua o gas.
• Seguros.
• Servicios contratados por Internet.
• Determinados contratos relacionados con la vivienda.

Esto no significa que estos contratos contengan necesariamente cláusulas abusivas, sino que sus condiciones deben analizarse individualmente para comprobar si respetan los derechos del consumidor.

Cuándo una cláusula puede considerarse abusiva

Una cláusula puede ser considerada abusiva cuando genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de la empresa y del consumidor.

Por ejemplo, podría producirse cuando un contrato establece penalizaciones desproporcionadas para el cliente, limita de manera injustificada determinados derechos o impone obligaciones excesivas únicamente a una de las partes.

También es importante que las condiciones de los contratos estén redactadas de forma clara y comprensible para que el consumidor pueda conocer exactamente qué está aceptando.

Por tanto, no basta con que una condición resulte desfavorable para considerarla automáticamente abusiva. Es necesario analizar su contenido y las circunstancias del contrato.

Ejemplos de posibles cláusulas abusivas

Dependiendo de cada contrato y de las circunstancias concretas, algunas situaciones que podrían requerir una revisión son:

• Penalizaciones desproporcionadas por cancelar un servicio.
• Condiciones que permiten a la empresa modificar unilateralmente aspectos importantes del contrato sin una justificación adecuada.
• Limitaciones injustificadas de los derechos del consumidor.
• Obligaciones excesivas únicamente para el cliente.
• Condiciones poco claras que dificultan conocer las consecuencias reales de lo que se está contratando.

Para determinar si una cláusula es realmente abusiva es necesario estudiar el contrato y valorar la normativa aplicable.

Qué ocurre si una cláusula se declara abusiva

Si una cláusula contractual se considera abusiva, puede declararse nula.

Esto significa que esa condición deja de tener validez y no debería producir efectos sobre el consumidor.

Sin embargo, la nulidad de una cláusula no significa necesariamente que todo el contrato deje de ser válido. En muchos casos, el contrato puede continuar vigente sin la condición considerada abusiva, siempre que pueda mantenerse sin ella.

Qué hacer si crees que tu contrato tiene cláusulas abusivas

Si tienes dudas sobre alguna de las condiciones que aparecen en un contrato, lo primero es revisar detenidamente su contenido.

También es recomendable conservar:

• Una copia completa del contrato.
• Las condiciones generales aplicables.
• Facturas o recibos relacionados.
• Comunicaciones con la empresa.
• Cualquier documento relacionado con la contratación o con posibles modificaciones posteriores.

Toda esta documentación puede resultar útil para analizar la situación y determinar qué derechos puedes ejercer como consumidor.

Por qué es importante revisar las condiciones antes de firmar

Leer las condiciones de un contrato antes de aceptarlo permite conocer las obligaciones que se están asumiendo y detectar posibles condiciones perjudiciales.

Aunque muchos contratos incluyen textos extensos y complejos, es importante prestar especial atención a cuestiones como las penalizaciones, la duración, las condiciones de cancelación, los costes adicionales o las posibilidades de modificación del contrato.

Si crees que tu contrato puede incluir cláusulas abusivas o tienes dudas sobre tus derechos como consumidor, contar con asesoramiento jurídico puede ayudarte a revisar sus condiciones y valorar las posibles vías de actuación.

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¿Alguna vez has entregado dinero o un bien a una persona para que lo gestionara, guardara o devolviera y después se lo ha quedado como si fuera suyo? En determinadas situaciones, este comportamiento puede constituir un delito de apropiación indebida.

La clave de este delito está en que la persona recibe inicialmente el dinero o el bien de forma legítima, pero posteriormente decide apropiárselo, utilizarlo para un fin distinto o no devolverlo cuando tenía la obligación de hacerlo. Qué es la apropiación indebida

Qué es la apropiación indebida 

La apropiación indebida es un delito que se produce cuando una persona se queda con dinero, bienes u otros efectos que ha recibido legítimamente, pero que tenía la obligación de devolver, entregar o destinar a una finalidad concreta.

Dicho de forma sencilla, la persona recibe el bien de manera legal, pero después actúa como si fuera suyo y decide no devolverlo a su verdadero propietario.

Cómo puede producirse una apropiación indebida 

La apropiación indebida puede darse en distintas situaciones.

Por ejemplo, puede ocurrir cuando una persona recibe una cantidad de dinero para gestionarla, custodiarla o entregarla a otra persona y, en lugar de cumplir con esa obligación, decide quedársela.

También puede producirse cuando se entrega temporalmente un bien con la obligación de devolverlo y quien lo recibe se niega posteriormente a hacerlo o dispone de él como si fuera de su propiedad.

Lo importante es que inicialmente existía una entrega legítima y, posteriormente, se produce una actuación contraria a la obligación de devolver o entregar ese bien.

Qué diferencia hay entre apropiación indebida y otros delitos 

Una de las principales características de la apropiación indebida es que la persona que comete el delito ya tenía inicialmente el dinero o el bien en su poder de forma legítima.

Es decir, no lo obtiene mediante una sustracción inicial, sino que lo recibe de manera válida porque existe algún tipo de relación, acuerdo o situación que justifica esa entrega.

El problema aparece posteriormente, cuando decide apropiarse del bien, utilizarlo como si fuera suyo o incumplir la obligación de devolverlo.

Esta característica permite diferenciar la apropiación indebida de otros delitos patrimoniales en los que el bien se obtiene desde el principio de forma ilícita.

Ejemplos de apropiación indebida

Existen diferentes situaciones que podrían dar lugar a una apropiación indebida, dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso.

Algunos ejemplos pueden ser:

• Recibir dinero para realizar una gestión y quedarse con él.
• Recibir una cantidad para entregársela a otra persona y no hacerlo.
• Quedarse con un bien que únicamente se había entregado de forma temporal.
• Utilizar para beneficio propio dinero que debía destinarse a una finalidad determinada.
• Negarse a devolver determinados bienes cuando existe una obligación de hacerlo.

En cualquier caso, será necesario analizar las circunstancias concretas y la documentación existente para determinar si realmente se ha producido una apropiación indebida.

Qué hacer ante una posible apropiación indebida

Si sospechas que alguien se ha apropiado de un dinero o de un bien que debía devolverte o entregarte, es importante recopilar toda la documentación que permita acreditar lo ocurrido.

Puede ser útil conservar:

• Contratos o acuerdos entre las partes.
• Justificantes de transferencias o pagos.
• Correos electrónicos.
• Mensajes o conversaciones.
• Documentos que acrediten la entrega del bien.
• Cualquier comunicación en la que se haya solicitado su devolución.

Esta información puede ayudar a demostrar tanto la entrega inicial como la obligación que existía de devolver el dinero o el bien.

Por qué es importante analizar cada caso

No todas las situaciones en las que una persona no devuelve dinero o un bien constituyen automáticamente una apropiación indebida.

Para determinar si existe este delito deben analizarse cuestiones como la forma en la que se entregó el bien, cuál era la obligación de la persona que lo recibió y qué hizo posteriormente con él.

Si crees que puedes haber sido víctima de una apropiación indebida o tienes dudas sobre qué opciones legales existen en tu caso, es recomendable contar con asesoramiento jurídico especializado para estudiar la situación y valorar las posibles vías de actuación.

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¿Te deben dinero y, pese a haberlo reclamado, todavía no te han pagado? En estos casos, el procedimiento monitorio puede ser una vía judicial útil para reclamar una deuda de forma relativamente rápida y sencilla.

Este procedimiento está pensado para reclamar cantidades de dinero que puedan demostrarse mediante documentos, como facturas, contratos, correos electrónicos o albaranes.

Qué es el procedimiento monitorio 

El procedimiento monitorio es una vía judicial que permite reclamar el pago de una deuda cuando una persona o empresa debe una cantidad de dinero y no la abona voluntariamente.

Dicho de forma sencilla, permite acudir al juzgado para solicitar que el deudor pague la cantidad pendiente.

Una de sus principales características es que su tramitación inicial suele ser más ágil que la de otros procedimientos judiciales.

Cuándo puede utilizarse 

Para poder reclamar una deuda mediante un procedimiento monitorio, esta debe cumplir una serie de requisitos.

La deuda debe ser:

• Dineraria, es decir, consistir en una cantidad de dinero.
• Líquida y determinada, de manera que pueda conocerse la cantidad exacta que se reclama.
• Vencida, porque el plazo de pago ya ha finalizado; exigible, lo que significa que el acreedor ya tiene derecho a reclamarla.
• Estar acreditada mediante algún tipo de documento.

Entre los documentos que pueden utilizarse para demostrar la existencia de la deuda se encuentran las facturas, los contratos, los albaranes, los correos electrónicos o cualquier otro documento que refleje la relación entre las partes y la cantidad pendiente.

Cómo funciona el procedimiento monitorio 

El procedimiento comienza con la presentación de una petición ante el juzgado correspondiente.

En esta solicitud deben identificarse el acreedor y el deudor, explicar el origen de la deuda, indicar la cantidad reclamada y aportar los documentos que permitan justificarla.

Una vez revisada la petición, el juzgado requiere al deudor para que, dentro del plazo establecido, adopte una de estas decisiones:

• Pagar la cantidad reclamada.
• O presentar su oposición si considera que la deuda no existe, ya ha sido pagada o la cantidad solicitada no es correcta.

Qué ocurre si el deudor no paga ni responde

Si el deudor no paga y tampoco se opone dentro del plazo correspondiente, el acreedor puede solicitar que se inicie la ejecución.

Esto permite reclamar judicialmente el cobro de la deuda y, cuando proceda, solicitar el embargo de bienes, cuentas bancarias, salarios u otros derechos del deudor hasta cubrir la cantidad pendiente.

Por tanto, ignorar el requerimiento del juzgado no hace que la deuda desaparezca, sino que puede facilitar el inicio de la ejecución.

Qué ocurre si el deudor se opone

Si el deudor presenta oposición, deberá explicar los motivos por los que considera que no debe pagar total o parcialmente la cantidad reclamada.

En ese caso, el procedimiento monitorio puede transformarse en el procedimiento judicial que corresponda, dependiendo de la cuantía y de las circunstancias de la reclamación.

Será entonces cuando ambas partes puedan presentar sus argumentos y pruebas para que el juzgado tome una decisión.

Por qué puede ser una vía útil para reclamar una deuda

El procedimiento monitorio permite reclamar deudas documentadas sin necesidad de iniciar directamente un proceso judicial más complejo.

Además, el requerimiento enviado por el juzgado puede hacer que el deudor pague voluntariamente antes de que sea necesario continuar con otras actuaciones.

Si tienes una deuda pendiente de cobrar o no sabes si puedes utilizar el procedimiento monitorio, es recomendable analizar la documentación disponible y recibir asesoramiento jurídico especializado antes de iniciar la reclamación.

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¿Has presentado una solicitud ante una Administración pública y todavía no has recibido respuesta? En estas situaciones puede aplicarse lo que se conoce como silencio administrativo.

La Administración dispone de un plazo legal para resolver y comunicar su decisión. Sin embargo, cuando ese plazo finaliza sin que exista una respuesta expresa, la ley establece determinadas consecuencias jurídicas.

Por eso, la falta de respuesta no significa necesariamente que el procedimiento haya quedado paralizado o que la solicitud haya desaparecido.

Qué es el silencio administrativo 

El silencio administrativo se produce cuando una persona presenta una solicitud, reclamación o recurso ante una Administración pública y esta no responde dentro del plazo legal establecido.

Dicho de forma sencilla, es el efecto que la ley atribuye a la ausencia de respuesta de la Administración.

Dependiendo del tipo de procedimiento, esa falta de contestación puede interpretarse como una aceptación o como una denegación de lo solicitado.

Cómo funciona el silencio administrativo 

Cuando se inicia un procedimiento administrativo, la Administración tiene la obligación de resolverlo y notificar su decisión dentro del plazo correspondiente.

Si no lo hace, entra en juego el silencio administrativo. Su efecto dependerá de lo que establezca la normativa aplicable a cada procedimiento.

Por tanto, no todos los silencios administrativos tienen las mismas consecuencias. Es importante revisar cada caso concreto para saber si la solicitud puede considerarse aceptada o rechazada.

Tipos de silencio administrativo 

Existen dos tipos de silencio administrativo. El silencio positivo implica que la solicitud se considera aceptada, mientras que el silencio negativo supone que se entiende rechazada y permite presentar un recurso o acudir a la vía judicial.

Su efecto dependerá del procedimiento y de la normativa aplicable.

Por qué es importante conocer sus efectos

Saber cómo funciona el silencio administrativo permite conocer en qué situación se encuentra una solicitud y qué pasos pueden darse a continuación.

En algunos casos, la falta de respuesta puede suponer que la petición ha sido aceptada. En otros, permite iniciar un recurso sin tener que seguir esperando una resolución expresa.

Si has presentado una solicitud ante la Administración y no has recibido respuesta, o tienes dudas sobre cómo actuar, es recomendable contar con asesoramiento jurídico especializado para analizar tu caso y valorar las opciones disponibles.

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¿Tienes una página web o estás pensando en crear una? Entonces es importante que conozcas qué son los términos legales de una página web y por qué cumplen un papel clave en su funcionamiento. 

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, estos textos ayudan a establecer las reglas entre la web y las personas que la visitan. Además, son esenciales para informar al usuario y cumplir con la normativa aplicable, especialmente en materia de protección de datos y comercio electrónico. 

Qué son los términos legales de una página web 

Los términos legales de una web son el conjunto de textos jurídicos que explican cómo funciona la página y cómo pueden utilizarla los usuarios. 

Dicho de forma sencilla, establecen las “reglas del juego” entre el titular de la web y quien accede a ella. En estos textos se informa sobre aspectos importantes como quién es el responsable de la página, qué uso puede hacerse del sitio web o cómo se tratan los datos personales. 

Qué documentos suelen incluir 

Los términos legales de una página web pueden incluir distintos documentos, según el tipo de actividad o servicio que se ofrezca. 

Normalmente, entre los textos legales más habituales encontramos: 

• aviso legal. 

• política de privacidad. 

• política de cookies. 

• términos y condiciones de uso. 

• condiciones de contratación, cuando la web permite contratar productos o servicios. 

Cada uno de estos documentos cumple una función concreta. Por ejemplo, el aviso legal identifica al responsable de la web, la política de privacidad informa sobre el tratamiento de datos personales y la política de cookies explica el uso de cookies en la página. 

Por qué son importantes 

Los términos legales no solo sirven para informar al usuario. También ayudan a que una página web cumpla con sus obligaciones legales. 

Esto es especialmente importante cuando la web recoge datos personales, utiliza cookies, ofrece servicios online o permite realizar contrataciones. En estos casos, contar con textos legales adecuados puede aportar claridad, seguridad y confianza. 

Además, unos términos legales bien redactados ayudan a evitar malentendidos, delimitan derechos y obligaciones y muestran una imagen más profesional de la web. 

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¿Has recibido una resolución de la Administración y no estás de acuerdo con la decisión? En algunos casos, puedes pedir que esa resolución sea revisada mediante un recurso de alzada. 

Este término puede sonar técnico, pero forma parte del lenguaje jurídico y administrativo que muchas personas encuentran en trámites, solicitudes o procedimientos ante la Administración Pública. Por eso, entender qué significa puede ayudarte a saber qué opciones tienes y cuándo conviene buscar asesoramiento legal.

Qué es el recurso de alzada 

El recurso de alzada es un recurso administrativo que permite impugnar una resolución de la Administración ante un órgano superior jerárquico. 

Dicho de forma sencilla, sirve para solicitar que una decisión administrativa sea revisada por un órgano superior al que dictó la resolución inicial. Es una vía para expresar que no estás conforme con una decisión y explicar los motivos por los que consideras que debería modificarse.

Cuándo se utiliza el recurso de alzada 

El recurso de alzada se utiliza cuando una decisión administrativa no pone fin a la vía administrativa y quieres que un superior revise esa resolución. 

Puede aparecer en distintos procedimientos administrativos, especialmente cuando una persona recibe una respuesta desfavorable o una denegación y considera que la decisión no es correcta. 

No todas las resoluciones pueden recurrirse de la misma forma, por lo que es importante revisar cada caso concreto antes de presentar cualquier recurso. 

Cómo funciona 

Normalmente, el recurso de alzada debe presentarse dentro del plazo de un mes desde la notificación de la resolución. 

En el escrito se deben explicar los motivos por los que se considera que la decisión administrativa es incorrecta. Es importante hacerlo de forma clara, ordenada y dentro del plazo correspondiente, ya que los tiempos son un elemento clave en este tipo de procedimientos. 

Por qué es importante entender este concepto 

Conocer qué es un recurso de alzada puede ayudarte a reaccionar mejor ante una resolución administrativa con la que no estás de acuerdo. 

Entender este tipo de términos legales no significa que tengas que gestionar el procedimiento sin ayuda. Significa que puedes identificar mejor tu situación, saber que puede existir una vía de revisión y valorar si necesitas asesoramiento legal especializado. 

En onLygal creemos que el Derecho explicado fácil ayuda a las personas a conocer mejor sus derechos y a tomar decisiones con más seguridad. 

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¿Alguna vez has escuchado términos como silencio administrativo, procedimiento monitorio o despido nulo y no has tenido claro qué significan? Es normal. El lenguaje jurídico puede resultar técnico, distante y difícil de entender para quienes no están familiarizados con el Derecho. 

Sin embargo, los términos legales aparecen en muchos momentos importantes de la vida: un contrato, una reclamación, una herencia, un despido, una deuda o un trámite administrativo. Por eso, entender los conceptos jurídicos básicos no debería ser complicado ni estar reservado solo a profesionales. 

¿Qué es el Aula Legal?

Aula Legal, el diccionario legal de onLygal, nace para acercar el Derecho a cualquier persona de forma sencilla, clara y práctica. 

Se trata de una serie de contenidos breves y directos en los que explicamos términos legales y conceptos jurídicos sin tecnicismos innecesarios. El objetivo es que puedas comprender mejor el lenguaje jurídico y entender cómo determinados conceptos pueden afectar a tus derechos legales. 

En onLygal creemos que el Derecho no debe ser un laberinto, sino una herramienta útil para conocer y proteger tus derechos.

¿Por qué es importante entender el lenguaje jurídico?

Comprender los conceptos jurídicos básicos puede ayudarte a leer mejor una comunicación, preparar una consulta, identificar una situación importante o saber cuándo conviene pedir asesoramiento legal. 

No se trata de sustituir el trabajo de un profesional, sino de tener una primera orientación clara. Entender un término legal puede darte más seguridad y ayudarte a tomar mejores decisiones. 

Derecho explicado fácil, claro y cercano

Con Aula Legal, onLygal quiere hacer que el Derecho explicado fácil sea una realidad. Queremos que palabras que antes parecían complejas empiecen a resultar más familiares y comprensibles. 

Porque conocer tus derechos es el primer paso para poder protegerlos. 

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La falta de conocimientos legales sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad española. Así lo pone de manifiesto el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, cuyas conclusiones han sido analizadas en el marco del I Foro de la Protección Jurídica junto a destacados expertos del ámbito jurídico.

En el encuentro participaron Pascual Ortuño, magistrado jubilado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Ignasi Vivés, abogado especializado en Derecho de Familia y Sucesiones; y Luis Cuervo, director general de onLygal.

Todos coincidieron en confirmar el bajo índice de conocimientos legales de la sociedad española, cuyo origen reside en una cuestión estructural y de falta de cultura en educación legal. “Siendo el ámbito del derecho muy complejo, incluso para quienes nos desenvolvemos en él, sería necesaria una materia específica que fuera impartida en las escuelas”, señaló Pascual Ortuño.

En este escenario, el desconocimiento legal de los ciudadanos y la falta de asesoramiento profesional y especializado llevan a que, ante un conflicto legal, prime la no actuación o la resolución informal, sobre la judicialización.

Toma de decisiones legales y consulta en fuentes informales

Aunque los españoles se otorgan una nota media de 5 en conocimientos legales, más de la mitad (54%) reconoce no confiar en ellos a la hora de tomar decisiones. A ello se suma que gran parte de la información se obtiene a través de fuentes informales, tales como el entorno cercano, lecturas, Internet o, más recientemente, la Inteligencia Artificial.

“Antes de acudir a fuentes profesionales, los ciudadanos recurren a canales más accesibles, pero no formales, lo que en muchos casos agrava los conflictos legales”, explicó Luis Cuervo.

Sobre el uso de la Inteligencia Artificial, Ignasi Vivés advirtió acerca de la necesidad de cautela: su uso generalizado no garantiza fiabilidad en cuestiones legales y puede derivar en errores o interpretaciones sesgadas.

Percepción del sistema judicial y barreras de acceso a la Justicia

El Barómetro también refleja una brecha entre la percepción del sistema judicial y su uso real. En este sentido, si bien la sociedad reconoce la utilidad del sistema judicial, el 41% no recurre a él por creer que dada su lentitud «no merece la pena», y solo lo hace cuando el beneficio percibido compensa el coste económico o emocional, el tiempo y la complejidad.

En este sentido, factores como el coste económico, la lentitud de los procesos o el desgaste emocional se erigen como principales barreras de acceso a la justicia, y hacen que muchos ciudadanos eviten acudir a ella.

El papel clave de la prevención y las soluciones de protección jurídica

Ante esta realidad, los expertos revelan la importancia de impulsar la educación legal, así como la labor preventiva que aporta el asesoramiento legal profesional especializado y las soluciones de protección jurídica disponibles hoy en el mercado.

“Es fundamental apostar por la prevención, la formación y el asesoramiento especializado para tomar las mejores decisiones ante cualquier conflicto legal. La prevención tiene un gran valor y juega menos papel del que debería. Democratizar el acceso a la información jurídica de la mano de profesionales especialistas beneficiaría al conjunto de la sociedad”, concluyó Luis Cuervo.

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La declaración de impuestos (35%), las herencias (31%) y la jubilación (30%) son los principales asuntos legales que generan preocupación entre los españoles. Así lo confirma el Barómetro de la Protección Jurídica presentado por onLygal, la compañía especialista en soluciones de protección jurídica y servicios legales. Con esta herramienta, la compañía analiza, periódicamente, el pulso de la actualidad en torno a las preocupaciones de los españoles en el ámbito legal, así como su nivel de conocimiento jurídico. 

Impuestos, herencias y jubilación, a la cabeza de la lista

“Las principales preocupaciones legales de los españoles se concentran en decisiones que tienen un impacto directo sobre su economía personal y familiar. La fiscalidad, las herencias y la jubilación son cuestiones complejas con importantes implicaciones personales que exigen cada vez más información, anticipación y acompañamiento experto y, además, afectan a momentos especialmente sensibles en la vida de las personas”, afirma Natàlia Mañas, responsable del Centro de Atención Jurídica de onLygal.  

Según estos datos, la baja laboral y la solicitud de ayudas y subvenciones completan los primeros puestos del Barómetro, en el que la modificación de las condiciones laborales entra por primera vez con fuerza en la 6ª posición. Cierran este Top 10 los asuntos legales relacionados con el ámbito de la vivienda –el alquiler, la comunidad de vecinos y la compraventa–, así como las estafas.  

“Entre las razones que podrían explicar por qué los cambios de las condiciones laborales preocupan, en mayor medida, en la actualidad destacaría el hecho de que muchas empresas están adaptándose a cambios económicos, tecnológicos y organizativos para mantener competitividad. Esto puede implicar ajustes en horarios, funciones, salarios o lugares de trabajo que generan inquietud en el trabajador respecto a sus derechos o estabilidad laboral”, comenta Mañas.  

 Preocupaciones legales por ámbitos

 Pese a que los españoles hemos mejorado en conocimientos legales, aprobando con una nota media de 5 –frente al 4,83 alcanzado en estudios anteriores–, el 70% considera que desconoce en gran medida sus derechos y solo el 20% de los encuestados afirma saber cómo funciona el sistema judicial.  

En una línea similar, un 54% afirma no confiar en su propio conocimiento legal. Entre otras razones, porque lo adquiere por vías informales. En concreto, las lecturas y publicaciones continúan siendo la principal fuente de información (49%), seguida de Internet (39%) y del entorno cercano con conocimientos legales (27%). Por el contrario, las vías formales siguen siendo minoritarias. 

Laboral

El 62% de las personas consultadas afirma haber tenido alguna duda legal sobre cuestiones laborales. Las más frecuentes siguen siendo las relativas a la jubilación (30%) y la baja laboral (25%), superando ambas los niveles registrados en 2024. Les siguen las modificaciones de las condiciones laborales (23%). 

Familiar 

Más de la mitad de los españoles han tenido algún tipo de inquietud jurídica en este ámbito (54%), seis puntos por encima de datos registrados en estudios previos (2024). Las herencias destacan como el tema que más dudas suscita (31%), seguidas a distancia de la gestión patrimonial (11%) y los conflictos con la Administración pública (10%). 

Vivienda

Casi la mitad de las personas consultadas (47%) ha experimentado algún tipo de cuestión jurídica relacionada con la vivienda. Las relativas a la comunidad y vecinos (20%) y al alquiler (20%) encabezan los motivos, seguidas muy de cerca por la compraventa de vivienda (19%). 

Económico-fiscal 

El 52% declara haber tenido dudas de legales en este ámbito. La declaración de impuestos destaca como el tema más frecuente (34%). Le siguen la solicitud de ayudas y subvenciones (23%), y los contratos bancarios (12%). 

Movilidad y transporte

En este ámbito, es un 30% la proporción de personas que afirman haber tenido dudas legales, superior al 22% del estudio de 2024.  Las multas siguen siendo el principal motivo (16%), seguidas de la compraventa de vehículos (13%). Los accidentes de tráfico representan un 6%, mientras que las agresiones mantienen una menor incidencia (2%). 

Consumo, viajes e Internet 

El 40% afirma haber tenido dudas relacionadas con este ámbito, en el que destacan las estafas (16%), seguidas de los viajes (15%) y las compras (14%). Tanto los servicios y suministros como las suscripciones alcanzan el 10%, al tiempo que el acoso por Internet se sitúa en un 3%. 

A quiénes acudimos para resolver estas dudas y preocupaciones 

Según el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, los abogados son la principal fuente de consulta para dudas sobre separación o divorcio (74%); asuntos laborales (52%); uso de Internet (49%); problemas relacionados con contratos (44%); herencias (42%) – cuestiones para las que también se consulta a los notarios (26%)– y multas de tráfico u otras sanciones (36%).    

Asimismo, acudimos mayoritariamente a los gestores para dudas sobre la declaración de renta y deducciones fiscales (60%); el régimen de autónomos o la creación de empresas (46%); el alquiler de vivienda (39%), la gestión patrimonial (38%) y la compraventa de vivienda (32%). Por su parte, las webs especializadas son la fuente más utilizada para aclarar dudas sobre la compra de productos y la contratación de servicios y suministros (34%), así como para solicitar ayudas, becas y subvenciones (33%). A todas ellas se añade la Inteligencia Artificial que ha irrumpido como fuente de consulta en los dos últimos años.  

“Los españoles seguimos un escalado progresivo para la resolución de las dudas: primero consultamos fuentes accesibles y, si el problema lo requiere, acudimos a los profesionales especializados. Asimismo, según datos de este Barómetro, la mayoría de los problemas legales no derivan en acciones formales y se resuelven sin judicialización. Ante un conflicto, la vía judicial es minoritaria, predominando la resolución informal o la no actuación”, concluye Mañas. 

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El Carnaval se asocia con disfraces, creatividad y humor, pero también encierra algunos detalles legales que no siempre son conocidos. Por eso, onLygal, compañía especialista en soluciones de protección jurídica y servicios legales, recuerda algunos aspectos de la legislación vigente que conviene saber antes de elegir atuendo.

“Son muchas las personas que desconocen que, aun de forma involuntaria, un disfraz puede cruzar la línea de lo legal. El Carnaval es una celebración creativa y divertida, pero también está sujeta a normas pensadas para proteger la convivencia y la seguridad pública”, explica Natàlia Mañas, abogada de onLygal.

Por ello, el equipo de expertos legales de la compañía comparte algunas recomendaciones legales a la hora de elegir los disfraces:

1. Disfrazarse de autoridad no siempre es buena idea

Aunque parezca inofensivo, utilizar disfraces o distintivos que puedan confundirse con los uniformes de policías, guardias civiles, militares, personal sanitario o servicios de emergencia puede considerarse una usurpación de funciones públicas, hecho que la Ley prohíbe expresamente.

2. Los símbolos también tienen normas

El uso de banderas, escudos y emblemas oficiales también está regulado. Además, la legislación prohíbe exhibir simbología que pueda fomentar el odio, la violencia o la discriminación. Disfraces con mensajes racistas, sexistas u ofensivos pueden conllevar la expulsión de eventos y sanciones administrativas.

3. Las máscaras no siempre están permitidas

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana permite restringir el uso de máscaras u otros elementos que impidan la identificación cuando exista un riesgo para la seguridad. Tampoco se permite portar réplicas de armas, objetos peligrosos o material pirotécnico fuera de los casos autorizados, aunque formen parte del disfraz.

4. Los personajes famosos también tienen sus derechos

Disfrazarse de un personaje conocido está permitido para uso personal y recreativo, pero hacerlo con fines comerciales, publicitarios o profesionales puede requerir autorización del titular de los derechos de autor. Un detalle que no siempre se tiene en cuenta.

5. El lugar importa, y mucho

Un disfraz aceptable en un desfile o fiesta popular puede no serlo en otros espacios como aeropuertos, estaciones de transporte o edificios oficiales. El contexto es clave para evitar problemas, y es fundamental actuar con prudencia y sentido común.

“Conviene saber que no todo vale bajo el paraguas del Carnaval. Elegir un disfraz sin tener en cuenta estos aspectos puede derivar en sanciones económicas, la retirada del vestuario o incluso la expulsión del evento. En casos más graves, si se pone en riesgo la seguridad o se vulneran derechos fundamentales, las consecuencias pueden ir más allá”, añade Mañas.

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