El 68% de los españoles se ha planteado emprender acciones legales en algún momento de su vida, pero solo el 30% ha llegado a hacerlo. El coste económico, la complejidad de los procedimientos y la incertidumbre sobre el resultado son algunos de los principales obstáculos que dificultan el acceso a la justicia en España.
Así lo revela el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, un estudio que analiza las dificultades que encuentran los ciudadanos para defender sus derechos y acceder a servicios legales.
Con motivo del Día Europeo de la Justicia, analizamos las principales barreras para emprender acciones legales, cuánto influyen los costes y qué papel desempeñan el asesoramiento jurídico y la protección jurídica para facilitar el ejercicio de los derechos.
¿Cuáles son las principales barreras de acceso a la justicia en España?
Emprender acciones legales puede ser una decisión complicada. Antes de iniciar una reclamación, los ciudadanos suelen valorar el coste del procedimiento, su duración, las posibilidades de obtener un resultado favorable y el desgaste emocional que puede generar.
Según el Barómetro de onLygal, las principales barreras para reclamar son:
- Coste económico: 5,36 puntos sobre 7.
- Complejidad de los procedimientos: 4,90 puntos sobre 7.
- Deseo de evitar problemas y estrés: 4,29 puntos sobre 7.
- Incertidumbre sobre el resultado: 4,27 puntos sobre 7.
Estos resultados evidencian que las dificultades para acceder a la justicia no son exclusivamente económicas. La falta de información, la complejidad de los trámites y la percepción de que reclamar implica un proceso largo también pueden llevar a las personas a renunciar a defender sus derechos.
El coste de un abogado, el principal obstáculo para reclamar
El precio de los servicios jurídicos es el factor que más condiciona la decisión de emprender acciones legales.
De acuerdo con el estudio, el 71% de los españoles considera que disponer de un abogado es muy caro, una percepción que se mantiene entre los diferentes perfiles socioeconómicos.
Los honorarios profesionales, los posibles gastos asociados al procedimiento y la incertidumbre sobre el coste final pueden provocar que muchas personas descarten una reclamación, incluso cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.
Por ello, conocer previamente los gastos y las alternativas disponibles resulta fundamental para tomar decisiones informadas.
La complejidad de los procedimientos legales
Presentar una reclamación, reunir documentación, identificar el organismo competente o comprender los plazos legales puede resultar especialmente complicado para quienes no están familiarizados con el sistema judicial. Según el Barómetro, la dificultad percibida aumenta con la edad y alcanza una valoración de 5,2 puntos sobre 7 entre los mayores de 55 años.
El asesoramiento jurídico desde las primeras fases de un conflicto puede ayudar a comprender los procedimientos, identificar las opciones disponibles y evitar errores que dificulten la reclamación.
La lentitud de la justicia y la incertidumbre
El tiempo necesario para resolver un conflicto también influye en la disposición de los ciudadanos a reclamar.
El 41% de los españoles considera que la justicia es tan lenta que no merece la pena denunciar o demandar, frente al 28% que manifiesta su desacuerdo.
A esta percepción se suma la incertidumbre sobre el resultado. Desconocer cuánto puede durar un procedimiento o cuáles son sus posibles consecuencias genera inseguridad y puede convertirse en un motivo para no actuar.
¿Cuántos españoles se plantean emprender acciones legales?
Aunque una parte importante de la población considera recurrir a la vía legal para resolver sus conflictos, muchos ciudadanos finalmente no dan ese paso.
El Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal muestra que:
- El 68% de los españoles se ha planteado emprender acciones legales alguna vez.
- El 38% ha considerado hacerlo, pero finalmente ha decidido no actuar.
- Solo el 30% afirma haber emprendido acciones legales.
Esta diferencia refleja cómo las barreras económicas, administrativas y emocionales pueden condicionar el ejercicio de los derechos.
Como explica Gemma Viñuales, abogada de onLygal:
«Muchas personas saben que tienen un problema legal y se plantean actuar, pero terminan descartándolo porque consideran que el proceso será demasiado caro, complicado o largo. Por eso, es fundamental contar con un abogado de confianza y facilitar el acceso a asesoramiento jurídico desde las primeras fases del conflicto, para que los ciudadanos conozcan sus derechos, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de cada decisión».
El 58% de los españoles demandaría si no existieran barreras económicas ni de tiempo
¿Qué ocurriría si emprender acciones legales no implicara invertir dinero ni tiempo?
Según el estudio, el 58% de los españoles afirma que presentaría alguna demanda en ese escenario hipotético.
Este resultado pone de manifiesto hasta qué punto las limitaciones económicas y temporales influyen en la decisión de reclamar.
¿Contra quién se plantearían reclamar los ciudadanos?
La Administración Pública encabeza la lista de entidades frente a las que los españoles considerarían emprender acciones legales, mencionada por el 19% de los encuestados.
También destacan otros ámbitos:
- Conflictos laborales: reclamaciones frente a las empresas para las que trabajan.
- Servicios y suministros: desacuerdos con compañías proveedoras.
- Entidades financieras: conflictos con bancos y otras entidades.
- Problemas vecinales: desacuerdos relacionados con la convivencia.
- Relaciones profesionales: conflictos con superiores o compañeros de trabajo.
Estas situaciones reflejan que la necesidad de asesoramiento jurídico puede surgir en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde el entorno laboral hasta las relaciones de consumo.
La importancia de conocer los costes y plazos antes de reclamar
La transparencia constituye uno de los factores más valorados por los ciudadanos cuando necesitan contratar servicios jurídicos.
Según el Barómetro de onLygal, los dos aspectos considerados más importantes son:
- Conocer de antemano las tarifas y cómo funcionan los costes: 4,57 puntos sobre 7.
- Disponer de información transparente sobre los procedimientos y sus tiempos previstos: 4,57 puntos sobre 7.
Antes de iniciar una reclamación, resulta recomendable conocer los posibles gastos, los pasos necesarios y las alternativas disponibles.
No todos los conflictos requieren acudir directamente a los tribunales. Dependiendo de cada situación, pueden existir soluciones mediante negociación, mediación u otros mecanismos extrajudiciales.
Contar con orientación especializada permite valorar las distintas opciones y elegir la vía más adecuada según las circunstancias del caso.
¿Por qué es importante contar con un abogado de confianza?
Disponer de orientación legal no solo es útil cuando existe un procedimiento judicial. También puede ayudar a prevenir conflictos, resolver dudas y tomar decisiones con mayor seguridad.
El Barómetro de onLygal refleja esta necesidad:
- El 69% de los españoles desearía disponer de un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara.
- El 54% considera que haría valer más sus derechos si contara con ese profesional.
Estos datos destacan la importancia de facilitar el acceso al asesoramiento jurídico, especialmente cuando los ciudadanos desconocen qué derechos tienen o cómo pueden ejercerlos.
El desconocimiento de los derechos también dificulta reclamar
La falta de conocimientos jurídicos representa otra dificultad importante.
Según el estudio, el 70% de los españoles reconoce desconocer en gran medida sus derechos, mientras que únicamente el 20% afirma conocer cómo funciona el sistema judicial.
Esto significa que muchas personas pueden encontrarse ante un problema legal sin saber si tienen derecho a reclamar, qué alternativas existen o a qué profesional acudir.
Facilitar información jurídica comprensible es fundamental para que los ciudadanos puedan identificar posibles vulneraciones de sus derechos y actuar de manera informada.
¿Cómo puede ayudar la protección jurídica a superar estas barreras?
La protección jurídica permite acceder a orientación y asistencia legal ante situaciones que pueden afectar a la vida personal, familiar, laboral o patrimonial.
Contar con soluciones de protección jurídica puede contribuir a reducir algunas de las dificultades identificadas en el Barómetro, especialmente las relacionadas con el desconocimiento legal, la complejidad de los procedimientos y la preocupación por los costes.
Entre sus principales ventajas destacan:
- Asesoramiento jurídico: permite consultar dudas legales y conocer las alternativas disponibles.
- Prevención de conflictos: ayuda a identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores.
- Acompañamiento especializado: facilita la comprensión de los procedimientos y los pasos necesarios para reclamar.
- Mayor previsibilidad económica: determinados seguros de protección jurídica pueden cubrir gastos legales, según los límites y condiciones de la póliza.
Por ello, antes de contratar un seguro de protección jurídica, es importante revisar sus coberturas, exclusiones y límites económicos.
Preguntas frecuentes sobre el acceso a la justicia
¿Cuáles son las principales barreras de acceso a la justicia?
Las principales barreras son el coste económico de los servicios jurídicos, la complejidad de los procedimientos, el estrés asociado a los conflictos legales y la incertidumbre sobre su resultado. Según el Barómetro de onLygal, el coste económico es el obstáculo más importante.
¿Cuánto cuesta emprender acciones legales en España?
El coste depende del tipo de procedimiento, su complejidad, los honorarios de los profesionales y otros posibles gastos. No existe un precio único, por lo que conviene solicitar información sobre los costes previstos antes de iniciar una reclamación.
¿Es obligatorio contratar un abogado para presentar una demanda?
No siempre. La obligación de contar con abogado y procurador depende del tipo de procedimiento y de las circunstancias del caso. Existen procedimientos en los que la legislación permite actuar sin estos profesionales.
¿Qué puedo hacer si no tengo dinero para contratar un abogado?
En España existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita para quienes cumplen los requisitos legales. También es posible consultar las coberturas de un seguro de protección jurídica, si se dispone de uno, o acudir a servicios de orientación jurídica.
¿Qué es un seguro de protección jurídica?
Es un seguro que ofrece determinadas coberturas de asistencia y defensa jurídica ante conflictos incluidos en la póliza. Dependiendo del producto contratado, puede contemplar asesoramiento legal, reclamaciones y cobertura de determinados gastos jurídicos.
