Notas de prensa

Viviendas de uso turístico: ¿qué puede hacer la comunidad de vecinos afectada?

07/08/2014

Entre 2007 y 2013, el número de turistas extranjeros que se alojan en viviendas alquiladas aumentó un 44%

“Hay noches en que es imposible dormir. Hay noches que nos las pasamos en vela con el corazón encogido. Cuando no es la música, son los gritos, las risas, los portazos sin contemplaciones, los movimientos de muebles y las llamadas por interfono o timbrazos equivocados”, afirmaba una vecina del barrio gótico de Barcelona en una carta denuncia presentada al Ayuntamiento en el año 2007, cuando se iniciaba el boom de las viviendas de uso turístico en la ciudad. Desde entonces, situaciones como las descritas se han multiplicado en Barcelona y se han extendido a otras poblaciones: entre 2007 y 2013, el número de turistas extranjeros que se alojan en viviendas alquiladas aumentó un 44%, frente al aumento del 4,5% de pernoctación en hoteles, según la Encuesta de movimientos turísticos en fronteras del Ministerio de Turismo (Frontur).

En el ámbito del alojamiento turístico, el sitio líder es Airbnb, aunque existen incontables páginas web que ofrecen servicios similares. El fenómeno ha de diferenciarse de los establecimientos de apartamentos turísticos concentrados en una misma finca y con servicios propios de los hoteles porque las viviendas de uso turístico se encuentran en edificios que albergan domicilios particulares: “Aunque es habitual que se denominen apartamentos turísticos, son conceptos que no tienen nada que ver legalmente, como bien saben las comunidades de vecinos que sufren la conversión de alguna de las viviendas en alojamiento vacacional”, explica Asunción Castejón, abogada de onLygal.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Mientras que los establecimientos de apartamentos turísticos son una realidad asentada y reglada, el auge del alquiler vacacional en casas particulares está teniendo lugar, en muchos casos sin amparo legal, pues la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada el año pasado dejó al margen de su aplicación las viviendas de uso turístico y ordenó que fueran reguladas por las Comunidades Autónomas, pero, de momentoson muy pocas las comunidades autónomas, entre las que se encuentra Cataluña, que tengan normativa propia ordenadora de esta materia. “Esta bolsa de economía sumergida no solo afecta a las arcas públicas y al sector hotelero, perjudicado por una competencia desleal no sujeta a gravámenes, sino también a las comunidades de propietarios afectadas por un negocio sin control. Los vecinos sufren la inseguridad jurídica que supone el retraso en la aprobación de la normativa autonómica”, afirma Asunción Castejón, abogada de onLygal Internacional.

REGULACIONES POR CCAA

De momento, solo Andalucía ha anunciado la fecha de entrada en vigor, a finales de año, de su Decreto de viviendas de uso turístico, mientras que Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón lo están preparando. Si bien las normativas autonómicas en tramitación son similares, se aprecian diferencias, la más notable de las cuales es que Andalucía prevé que se alquilen habitaciones, posibilidad no contemplada en el resto de Decretos, que solo permiten ceder las viviendas en su totalidad. Todos ellos se basan en el registro de las viviendas de uso turístico. Cataluña fue pionera en su puesta en marcha pero ahora ha dado un paso más al convertir el Registro en obligatorio y exigir que en cualquier publicidad del piso se indique el número de registro. Pretende así luchar contra una realidad imparable: según cálculos de la Generalitat publicados en el Plan estratégico de turismo 2013 – 2016, solo en Cataluña existen más de un millón de plazas de alojamiento en viviendas de uso turístico no regularizadas. El pasado julio impuso las primeras multas a un centenar de propietarios lo cual se tradujo en una recaudación de 540.000 euros, Barcelona excluida, ya que el Ayuntamiento tiene cedida la competencia inspectora. La ciudad que vio nacer el fenómeno en España aprobará a finales de año un plan especial que facilitará información a las comunidades de propietarios sobre cómo actuar si se instala en la finca una vivienda de uso turístico y pondrá en marcha un programa específico en los teléfonos municipales de atención ciudadana para atender a las quejas de vecinos por las molestias provocadas por los turistas alojados en su finca. Mientras se aprueba el plan, anunciado por la teniente alcalde Sònia Recasens, el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de nuevas licencias, pero solo en los barrios más céntricos.

¿Qué pueden hacer las comunidades de vecinos?

Ante la inseguridad jurídica, los propietarios pueden blindar su finca reformando los estatutos de la comunidad, para prohibir destinar las viviendas a uso turístico, y trasladándolos al Registro de la Propiedad. El trámite es sencillo, pero se requiere unanimidad, excepto en Cataluña, cuyo Código Civil solo exige el voto a favor de cuatro quintas partes de la finca. Las comunidades que no han tomadoprecauciones como ésta,y se enfrentan a la existencia de viviendas de uso turístico en la finca, tienen abierta la vía de las denuncias ante la Administración o del ejercicio ante los tribunales. El seguro onLygal Comunidad de Propietarios incluye entre sus coberturas el asesoramiento para la reforma de los estatutos y, en su caso, iniciará las gestiones oportunas en defensa de los derechos de la comunidad.