Notas de prensa

Sanciones impuestas en estado de alarma: ¿Cómo reclamar?

27/10/2021

La invalidación por parte del Tribunal Constitucional tanto del confinamiento domiciliario impuesto durante el primer estado de alarma (que se prolongó entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020) como de su prórroga y segundo estado de alarma (vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021) y que derivó las competencias a las CCAA en materia de sancionamiento, supone la nulidad de las multas impuestas por contravenir dichas medidas. Por lo tanto las personas sancionadas durante estos periodos de tiempo tienen, por ende, derecho a la reclamación del ingreso indebido en caso de haber recibido y pagado la sanción.

El Gobierno español recientemente ha dado orden a delegaciones y subdelegaciones para empezar a revocar los procedimientos abiertos y a anular las multas impuestas que no se hayan pagado hasta la fecha. Sin embargo, los expertos legales de onLygal Seguros recuerdan que durante estos estados de alarma se impusieron casi 1,4 millones de sanciones que suponían un desembolso de a partir de 601 euros, por un delito de desobediencia, hasta sanciones más elevadas por un delito considerado de gravedad, y muchas de ellas ya han sido abonadas.

Esperando que el Gobierno también aplique ante esta nueva resolución judicial lo mismo que comunicó con la anterior, que procederán al abono de las sanciones, en este caso también las CCAA se ven afectadas por la resolución porque la competencia derivada es ilegal y por lo tanto no podían sancionar. En este sentido, el Centro de Asesoramiento Jurídico de onLygal Seguros recuerda que, en el caso de que ya se haya efectuado el pago de la sanción administrativa por parte de las personas sancionadas, estas podrán acelerar el proceso de devolución de la cantidad abonada mediante la reclamación de la cuantía a la Administración a través de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, efectuando una ‘reclamación de ingresos indebidos’.

Dicha reclamación puede llevarse a cabo mediante la presentación de una “instancia general” de la propia administración sancionadora. En este documento se debe estipular que el motivo de la reclamación se debe a “la sanción económica ya abonada con fecha […] derivada de las restricciones de movilidad durante estado de alarma, actualmente anulado por el Tribunal Constitucional” y que, consecuentemente, se solicita la devolución del mismo.

Una vez completado el documento de reclamación, éste deberá ser presentado en el órgano sancionador para su resolución. Posteriormente será el propio órgano quien solicite a la persona sancionada el número de cuenta correspondiente para su devolución, si procede. Cabe destacar que este proceso de resolución no es inmediato y suele tardar una media de seis meses desde la presentación de la reclamación.

Por otro lado, onLygal Seguros subraya que todo aquel actualmente inmerso en un procedimiento sancionador derivado del incumplimiento de la restricción de movimientos, y cuyo abono no haya sido llevado a cabo, debería recibir a la mayor brevedad una comunicación de resolución por parte de la administración sancionadora por la que se estipula el archivo de dicha sanción. En el caso de no producirse la comunicación del archivo de dichas actuaciones y recibir, por el contrario, alguna comunicación de sanción relativa a los estados de alarma, se deberá analizar si dicha multa corresponde a las medidas declaradas inconstitucionales o no. En el primero de los casos, se deberán realizar el procedimiento anteriormente mencionado. En caso de considerarse ‘no procedente’ por parte de la administración, se podría abrir una vía judicial de recurso contencioso administrativo donde se argumentará y se solicitará la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional.