Ya se han cumplido ocho años del nacimiento del movimiento #MeToo, que marcó un antes y un después a nivel internacional en la denuncia del acoso sexual y, de forma más general, en la lucha contra la discriminación por razón de género. Con todo, queda mucho por recorrer en el camino hacia la igualdad, también en el ámbito empresarial. A finales de 2023 había 177 mujeres en los Consejos del IBEX-35, lo que representa un 40% del total de los 442 consejeros, con un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales sobre 2022, según el estudio de Women CEO.
Además, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual denunciados siguen aumentando. Según los datos del informe de criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de 2025 se han puesto en conocimiento de los agentes un total de 4.760 delitos sexuales, frente a los 4.585 que se denunciaron en el mismo periodo de 2024.
Normativa actual
La Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 establece como acoso sexual: “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
Esta misma ley obliga a las empresas a crear medidas para resolver casos de acoso sexual. En concreto, en el artículo 45, insta a la creación de planes de igualdad: “Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral”.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, las empresas obligadas a elaborar y aplicar dicho plan de igualdad pasan a ser las que dispongan de más de 50 trabajadores, y no 250 trabajadores como establecía la ley anteriormente. Entre otras medidas, este mismo decreto estableció la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, en el que las compañías estarán obligadas a inscribir su plan de igualdad.
