Según las últimas cifras publicadas por los distintos cuerpos responsables, se rescatan en España más de 3.000 personas al año. Con todo, se trata de un tema polémico puesto que en determinados casos se abre un debate alrededor de la realización de dichos rescates y la asunción de su coste.
¿Qué dice la legislación española?
Según la legislación de nuestro país, una persona siempre debe ser rescatada. La Constitución Española dicta en el artículo 104 la creación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Siguiendo este mandato, aparece publicada en el BOE la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/1986, de 13 de marzo). En esta ley se establece, entre otras cosas, la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. Por lo tanto, esta ley recoge, tanto en sus Disposiciones Generales, como en los epígrafes específicos para cada grupo (Cuerpos del Estado y Policías Autonómicas) la obligación de la protección y auxilio de las personas.
En España existe en la actualidad un grupo de rescate estatal especializado en rescate de montaña, dependiente de la Guardia Civil, conocido coloquialmente con GREIM. En las CCAA también hay equipos especializados ya que tienen derivada la competencia.
¿Quién paga los rescates en España?
En líneas generales, los rescates en España no suponen un coste adicional para el ciudadano afectado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan de forma gratuita. La primera Comunidad Autónoma que cambió dicho supuesto fue Cataluña, aprobando la modificación de la Ley de Medidas Financieras (21/2005, de 29 de diciembre), por la cual, se podrá imponer una tasa bajo determinadas circunstancias, especialmente en casos de imprudencias (falta de equipamiento u omisión de observar una alerta meteorológica, por ejemplo) e incumplimientos (acceder a zonas de acceso prohibido), con unas tasas previamente fijadas.
Además de en Cataluña, son varias CCAA que han aprobado leyes similares:
- Navarra: Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.
- Asturias: Decreto Legislativo 1/1998 de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, modificado por la Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2010. Así como su reciente modificación, Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015.
- País Vasco: Decreto Legislativo 1/2025, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Cantabria: Ley de Medidas Administrativas y Fiscales 5/2011 de 29 de diciembre.
- Castilla y León: Ley 12/2001 de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
- Canarias: Resolución de 12 de julio de 2012, por la que se da publicidad al Texto actualizado del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la comunidad Autónoma de Canarias.
¿Cuánto puede llegar a costar un rescate?
Más allá de lo anterior, para mayor tranquilidad debe suscribirse un seguro que nos incluya esta cobertura. Recuerda que, si necesitas ayuda legal, desde onLygal ponemos a tu disposición nuestro seguro de abogado personal para resolver todas tus dudas y apoyarte en todo momento.
También merece la pena recordar cómo, con carácter general, los seguros federativos incluyen los gastos de traslado o evacuación del accidentado desde el lugar del accidente hasta el centro hospitalario con una cobertura muy amplia o incluso ilimitada.
No obstante, también hay que advertir que las mismas pólizas, en ocasiones, excluyen la cobertura en aquellos casos en que el rescate, búsqueda o salvamento haya tenido lugar como consecuencia de una imprudencia temeraria del asegurado.
